Respuesta de la UE a los crecientes ataques de los regímenes contra los activistas de derechos humanos
Por primera vez, el Parlamento ha adoptado una definición oficial de represión transfronteriza: ataques llevados a cabo por Estados o sus agentes para silenciar a disidentes, periodistas u opositores políticos en el extranjero. Estos ataques incluyen el asesinato, el secuestro, la violencia, la coacción, la deportación o el abuso de los poderes consulares. También incluyen "órdenes rojas" ilegítimas de Interpol, falsas acusaciones de terrorismo o espionaje digital e intimidación de las familias de los activistas.
Los eurodiputados señalan que la tecnología moderna -inteligencia artificial, software de espionaje o campañas digitales- hace que estos ataques sean aún más efectivos. Por ello, piden que la UE aborde sistemáticamente la represión transfronteriza en los acuerdos con terceros países, refuerce la vigilancia de los mercados y prohíba la exportación de programas espía y de doble uso a regímenes represivos.
Además, el Parlamento pide sanciones específicas a través de la Ley Magnitsky europea y una mayor responsabilidad de las empresas tecnológicas para que publiquen informes transparentes y creen mecanismos de denuncia viables.
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