Normas más claras para los grupos de presión de terceros países en la UE

Los eurodiputados reforzaron el texto original de la Comisión, centrándose principalmente en definiciones claras y en la protección de las organizaciones de la sociedad civil. El objetivo de la nueva directiva es establecer normas uniformes para las actividades que pretenden influir en la toma de decisiones de la UE en nombre de terceros países a cambio de una remuneración: desde hacer comentarios sobre la legislación a campañas de comunicación o proponer cambios en las leyes.

El ámbito de aplicación incluye, por ejemplo, las consultas políticas, la participación en conferencias, la comunicación a través de personas influyentes, la redacción de análisis o la organización de campañas. Por otro lado, se excluyen explícitamente las actividades que no son de naturaleza de lobby: actividades diplomáticas, medios de comunicación, investigación académica o servicios jurídicos ordinarios. El Parlamento subraya que la financiación de ONG con subvenciones de terceros países no debe considerarse automáticamente como lobby.

La directiva introducirá registros nacionales obligatorios, que estarán conectados a través de un portal central europeo. Las entidades tendrán su propio número de identificación europeo (EIRN) válido en toda la UE. El objetivo es reforzar la supervisión y la confianza pública, pero sin que el registro en sí mismo sea una "etiqueta de sospecha".

Los eurodiputados subrayan que, a diferencia de algunas "leyes sobre agentes extranjeros", la nueva norma no debe conducir a la estigmatización, penalización o silenciamiento de la sociedad civil. La ley pretende proteger la democracia, no impedir que funcione.