Proteger el dinero europeo y el Estado de Derecho

Los eurodiputados señalan que, aunque la UE ha observado repetidamente problemas con el Estado de Derecho en algunos Estados miembros, el instrumento de condicionalidad solo se ha utilizado formalmente una vez desde 2021. Esto, según el Parlamento, demuestra la necesidad de una puesta en marcha más sencilla y rápida del mecanismo.

Una crítica fundamental es la falta de transparencia. Por ello, los eurodiputados proponen un portal público en línea donde se pueda hacer un seguimiento de los casos individuales desde la primera alerta hasta la eventual liberación de fondos, y también quieren reforzar la supervisión del Parlamento a nivel del Consejo.

El Parlamento también subraya que los beneficiarios finales -como las universidades, las pequeñas empresas o la sociedad civil- no deben pagar el precio de la mala conducta de sus gobiernos. La Comisión debe garantizar que el dinero europeo les llega aunque se suspendan los fondos.

El informe también advierte de que las propuestas para el próximo presupuesto plurianual de la UE podrían debilitar la protección de los derechos de los gobiernos. Los eurodiputados afirman que la congelación y liberación de fondos debe basarse únicamente en criterios claros y verificables, no en regateos políticos.