Informe de la Comisión sobre el Estado de Derecho correspondiente al año 2025

La Comisión publica cada año un informe sobre el respeto por parte de los Estados miembros del Estado de Derecho y otros valores recogidos en el artículo 2 del Tratado de la UE, entre ellos la democracia, la libertad, la igualdad y los derechos humanos. La sexta edición se aprobó el 8 de julio de 2025. El Parlamento respondió con una resolución de iniciativa propia de la Comisión de Libertades Civiles (LIBE), que aprobó el informe el 14 de abril de 2026 por 50 votos a favor, 17 en contra y 2 abstenciones. El ponente fue Konstantinos Arvanitis, del grupo The Left. En el pleno, la resolución se aprobó con 387 votos a favor, 191 en contra y 46 abstenciones.

La resolución exige la independencia de los jueces y fiscales, así como la asignación aleatoria de los casos. En la lucha contra la corrupción, aboga por la adhesión plena de la UE al GRECO y por una revisión más rápida del Reglamento sobre la Fiscalía Europea (EPPO). Aborda la protección de los periodistas, el pluralismo de los medios de comunicación y el uso indebido de programas de espionaje como Pegasus, Predator o Paragon Graphite. También se dedica un capítulo específico al espacio para la sociedad civil. Entre las exigencias se incluyen una directiva vinculante contra las prácticas de «conversión» dirigidas a las personas LGBTIQ+ y la ratificación del Convenio de Estambul por parte de todos los Estados miembros.

En cuanto al presupuesto, la resolución acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de condicionar casi la mitad de los fondos del marco financiero plurianual 2028-2034 al respeto del Estado de Derecho y de la Carta de los Derechos Fundamentales. Los Estados que incumplan el artículo 2 no recuperarán los fondos ya congelados. La resolución celebra que la Comisión evalúe también a Albania, Montenegro, Macedonia del Norte y Serbia, y desea que la evaluación se amplíe a todos los países candidatos y candidatos potenciales.

La resolución critica repetidamente y de forma específica a Hungría. Le reprocha la concentración del poder ejecutivo sobre los fiscales, el uso excesivo de procedimientos legislativos acelerados y el incumplimiento de seis recomendaciones de la Comisión desde 2022. Recuerda el procedimiento en curso con arreglo al artículo 7, apartado 1, del Tratado de la UE, que, según la resolución, el Consejo no es capaz de hacer avanzar.

Los cuatro grupos de la mayoría proeuropea votaron a favor. Renew votó de forma unánime (63 a favor), Greens/EFA obtuvo 41 votos a favor y 3 abstenciones. S&D obtuvo 107 votos a favor y 13 abstenciones, de las cuales 12 correspondieron a la delegación española. En el PPE, 132 diputados votaron a favor, 11 en contra y 12 se abstuvieron. También votó a favor La Izquierda (39 a favor, 1 abstención). El ECR (67 en contra, 10 abstenciones), el PfE (73 en contra, 1 abstención) y el ESN (26 en contra) votaron en contra. Así pues, nadie de la extrema derecha votó a favor de la resolución.

Los ponentes alternativos de la mayoría proeuropea defendieron el texto en el debate del 28 de abril de 2026. Fredis Beleris (PPE) lo calificó de equilibrado y definió el Estado de derecho como «el pilar sobre el que se sustenta la confianza de los ciudadanos en las instituciones». Juan Fernando López Aguilar (S&D) afirmó que «en el Estado de Derecho no caben los dobles raseros». Sophie Wilmès (Renew) señaló que la introducción de un ciclo anual del Estado de derecho es «objeto de un amplio consenso entre los demócratas de esta Asamblea». Diana Riba i Giner (Verdes/EFA) advirtió: «Estamos siendo testigos de un declive democrático». El ponente, Konstantinos Arvanitis (The Left), señaló: «Creo que hemos presentado un informe que goza de un amplio consenso». Las citas se han traducido del griego, el español y el francés.