Chat Control 1.0: análisis voluntario de mensajes

Desde 2021, los proveedores de servicios de correo electrónico y chat en línea pueden revisar de forma voluntaria los mensajes privados. Buscan en ellas material que muestre abusos sexuales a menores o intentos de establecer contacto con niños, y comunican sus hallazgos a la policía o a organizaciones especializadas. Esto lo permite una excepción temporal a la Directiva sobre la privacidad en las comunicaciones electrónicas, conocida como «Chat Control 1.0». No se trata de una obligación, sino solo de una autorización. El Parlamento y el Consejo no llegaron a un acuerdo a tiempo sobre la prórroga, por lo que la excepción expiró el 3 de abril de 2026.

En marzo, la propuesta de prórroga no fue aprobada en el Parlamento (228 a favor, 311 en contra), tal y como escribimos en un artículo anterior. Posteriormente, el 2 de julio, el Consejo adoptó su propia posición y comenzó la segunda lectura. En ella, el Parlamento solo puede rechazar o modificar el texto del Consejo por mayoría absoluta de todos los diputados, es decir, 361 votos.

A petición del PPE, se procedió con carácter de urgencia. El plazo para presentar enmiendas se redujo a un solo día y la votación sobre el texto tuvo lugar dos días después. Normalmente, el Parlamento dispone de entre tres y cuatro meses para la segunda lectura. La solicitud se aprobó por 331 votos a favor frente a 304 en contra, con 11 abstenciones. El PPE la apoyó por una mayoría abrumadora (172 a favor, 1 en contra y 2 abstenciones). Tanto el S&D (80 a favor, 39 en contra y 5 abstenciones) como Renew (28 a favor y 46 en contra) votaron de forma dividida. Los 48 eurodiputados de Greens/EFA votaron en contra. El ECR se opuso en su mayoría (17 a favor, 52 en contra), el PfE se dividió casi por la mitad (34 a favor, 35 en contra) y el ESN se opuso de forma unánime. También votó en contra The Left (29 en contra, 1 abstención). Markéta Gregorová (Greens/EFA, Piratas) criticó en un comunicado de prensa del grupo al PPE por ser, como grupo más numeroso, el que vuelve a poner sobre la mesa una propuesta que el Parlamento ya había rechazado una vez.

En la votación sobre el fondo del asunto, la propuesta del Consejo de rechazar el texto no prosperó en un primer momento. Obtuvo 314 votos a favor y 276 en contra, pero no fue suficiente para alcanzar los 361 necesarios. De las 26 votaciones sobre enmiendas, solo dos superaron el umbral necesario (369:236 y 362:235). Ambas excluyen del reglamento las comunicaciones protegidas por cifrado de extremo a extremo (end-to-end). No se aprobaron las propuestas que pretendían restringir aún más el escaneo, por ejemplo, limitándolo únicamente a los sospechosos autorizados por un tribunal. Gregorová valoró positivamente que se hubiera conseguido una mayoría absoluta a favor de mantener el cifrado.

A continuación, The Left, es decir, la extrema izquierda, a petición de Manon Aubry, solicitó otra votación de rechazo, esta vez sobre el texto con dos enmiendas. Tampoco se aprobó: 276 diputados votaron a favor, 286 en contra y 30 se abstuvieron. Con ello concluyó la segunda lectura. El PPE votó en contra de la rechazo por una mayoría abrumadora (4 a favor, 158 en contra y 2 abstenciones) y el S&D por mayoría (20 a favor, 62 en contra y 18 abstenciones). Renew se dividió (38 a favor, 29 en contra). Los Verdes/EFA apoyaron el rechazo por una mayoría abrumadora (43 a favor, ninguno en contra, 4 abstenciones). El PPE, el S&D, Renew y los Verdes/EFA, es decir, la mayoría proeuropea, se mostraron así divididos. También votaron a favor del rechazo el ESN de forma unánime, el PfE por una mayoría abrumadora (58 a favor, 7 en contra) y The Left de forma unánime. El ECR se dividió (27 a favor, 30 en contra, 5 abstenciones). Tomas Tobé (PPE) declaró en el pleno (en inglés): «Ahora tenemos algunas enmiendas aprobadas. Tenemos un texto. (…) En nombre del PPE, quiero dejarlo claro: apoyamos a los niños».

El Consejo aprobó el texto con ambas modificaciones en julio. El reglamento se aplicará hasta el 3 de abril de 2028. Su objetivo es cubrir el periodo hasta que se acuerde el marco a largo plazo que la Comisión propuso en mayo de 2022. Las tecnologías utilizadas deben interferir lo menos posible en la privacidad. En el texto, solo se permite detectar patrones sospechosos, no su contenido. El material hasta entonces desconocido solo podrá notificarse tras una revisión por parte de una persona. Los datos se conservan durante un máximo de 12 meses desde la detección de la sospecha, y los usuarios tienen derecho a recibir información y a presentar reclamaciones. Las comunicaciones de audio no se analizan.