La actividad del Defensor del Pueblo Europeo en 2024

La Comisión de Peticiones (PETI) elaboró, por iniciativa propia, el informe sobre la actividad del Defensor del Pueblo Europeo correspondiente al año 2024. No fue aprobado: 233 diputados votaron a favor, 250 en contra y 76 se abstuvieron. Al haberse rechazado el informe, no existe un texto aprobado, por lo que no se ha aprobado la resolución sobre la actividad del Defensor del Pueblo en 2024.

La división no se produjo entre la mayoría proeuropea y la extrema derecha, sino dentro de la propia mayoría proeuropea: el PPE votó a favor, el S&D y los Verdes/EFA en contra, y la mayoría de Renew también en contra.

El texto se centró en gran medida en cuestiones institucionales: la preocupación por que la Comisión no respete los plazos legales para la autorización de sustancias químicas peligrosas, incluidos los PFAS, la transparencia en la autorización de plaguicidas y el acceso a los documentos, entre otras cosas en relación con la propuesta sobre la lucha contra el abuso sexual infantil.

Según las intervenciones de S&D y de los Verdes/EFA en el debate, dos puntos resultaron controvertidos. El punto 12 instaba al Defensor del Pueblo a evaluar la financiación de las organizaciones no gubernamentales que posteriormente ejercen presión en el Parlamento y en la Comisión, y advertía sobre un posible conflicto de intereses. El punto 17 señalaba que la protección de las fronteras exteriores es la misión principal de la agencia Frontex y afirmaba que una protección insuficiente de las fronteras provoca un mayor número de muertes en el mar. Las enmiendas al punto 12 (252 a 300) y al punto 17 (155 a 402, 182 a 362 y 225 a 325) no fueron aprobadas. El punto 17 se mantuvo en la redacción de la comisión (290 a 258). El punto 12 se sometió a votación por partes: la primera se aprobó por 313 votos a favor y 245 en contra, mientras que las tres siguientes no fueron aprobadas.

El PPE votó a favor (136 a favor, 3 en contra, 4 abstenciones). Gheorghe Falcă (PPE) señaló en el debate que su grupo valora y apoya el informe. No se pronunció sobre los puntos controvertidos.

El S&D votó en contra (4 a favor, 104 en contra). Murielle Laurent (S&D) señaló en el debate que el PPE se había alineado con la extrema derecha en un momento decisivo y había apoyado dos enmiendas inaceptables para el S&D: una de ellas, según ella, ataca a las organizaciones no gubernamentales y a su financiación, y la otra da a entender que las muertes en el mar se deben a la falta de control de las fronteras.

Los Verdes/EFA votaron en bloque en contra (0 a favor, 43 en contra, 2 abstenciones). Cristina Guarda (Verdes/EFA) señaló en el debate que los grupos de derecha y de extrema derecha habían utilizado el informe para impulsar una agenda de desregulación medioambiental. Según ella, el texto acusa a las organizaciones no gubernamentales de ejercer presión, pero pasa por alto lo que la propia Defensora del Pueblo ha constatado. Habló de un grave precedente en las relaciones entre el Parlamento y la Defensoría del Pueblo.

Renew votó mayoritariamente en contra (17 a favor, 42 en contra, 2 abstenciones). Michał Kobosko (Renew) apoyó en el debate la misión de la Defensora del Pueblo y no se pronunció sobre los puntos 12 y 17. De los documentos disponibles no se desprende por qué una parte del grupo votó a favor.

PfE votó a favor (58 a favor, 0 en contra, 2 abstenciones), alineándose con el EPP. El ECR y el ESN, otros dos grupos de extrema derecha, se abstuvieron en su mayoría: el ECR, con 39 abstenciones, 16 votos en contra y 4 a favor; el ESN, con 20 abstenciones, 1 voto a favor y 1 en contra. La Izquierda votó en contra (35 votos en contra, 1 abstención).

El presidente de la Comisión de Peticiones, Bogdan Rzońca (ECR), presentó el informe en el pleno. Según una nota incluida en el texto del informe, asumió el cargo después de que Cristina Guarda renunciara a su función de ponente tras la votación en comisión celebrada el 28 de enero de 2026.