La lucha contra la represión transnacional

La represión transnacional significa que el Estado traspasa sus fronteras para perseguir a personas que viven en el extranjero —disidentes, periodistas, activistas o miembros de la diáspora— y a sus familias. La resolución la define como actos deliberados o amenazas por parte de los Estados —incluidos los regímenes autoritarios—, de entidades vinculadas a ellos y de sus agentes sustitutivos, cuyo objetivo es intimidar, silenciar, controlar o perjudicar de cualquier otra forma a estas personas. El texto hace referencia a un estudio de Freedom House: se estima que la represión transnacional pone en peligro a 3,5 millones de personas, se han documentado casos en más de 100 países y, entre 2014 y 2025, la organización registró 1 375 incidentes físicos directos en 107 países.

La resolución señala a Rusia, China, Irán y Bielorrusia como los principales responsables, tanto en Europa como en el resto del mundo. Según el texto, Rusia se encuentra entre los responsables más agresivos del mundo y es el país de origen con el mayor número de incidentes documentados en la UE. Recurre a asesinatos, intentos de asesinato, secuestros y chantajes, amenaza incluso a los legisladores de la UE y utiliza fuerzas proxy, entre ellas el Grupo Wagner y las escuadras de la muerte chechenas. Bielorrusia lleva a cabo una represión de una magnitud preocupante, incluso en territorio de la UE, y abusa del sistema de notificaciones rojas de Interpol para atacar a opositores políticos en el exilio. Según la resolución, China es responsable de la campaña de represión transnacional más compleja y sistemática del mundo. De los informes de los defensores de los derechos humanos se desprende, según el texto, que opera comisarías secretas en territorio europeo sin fundamento jurídico alguno. Irán persigue desde hace tiempo a personas en el extranjero a las que considera opositores y lleva a cabo represiones en el territorio de la UE. Las operaciones están dirigidas desde las más altas instancias del poder estatal y las ejecutan el Ministerio de Inteligencia y la Guardia Revolucionaria Islámica. En territorio europeo se han documentado asesinatos y secuestros planificados de representantes de la oposición.

La resolución insta a la Comisión y al Servicio Europeo de Acción Exterior, junto con Europol, a establecer un mecanismo de la UE para la recopilación de datos, el seguimiento y la denuncia de las represiones transnacionales. El Consejo debe nombrar a un coordinador para la lucha contra estas prácticas. La Comisión debe establecer un mecanismo de recurso de la UE contra las notificaciones rojas de Interpol utilizadas indebidamente. Los Estados miembros deben revisar y, en su caso, revocar los «visados dorados» concedidos a personas vinculadas a regímenes que cometen actos de represión. Los autores de estos actos deben ser evaluados sistemáticamente para su inclusión en la lista del régimen global de sanciones de la UE en materia de derechos humanos.

El informe en la Comisión de Asuntos Exteriores lo ha elaborado la ponente Hannah Neumann (Verdes/ALE). En un comunicado de prensa de su grupo, declaró: «Los regímenes autoritarios ya no se limitan a intentar silenciar a los críticos en su propio país. Los persiguen, los amenazan y los atacan aquí, en Europa, a menudo en colaboración con el crimen organizado». (traducido del inglés)

El informe se aprobó por 434 votos a favor, 128 en contra y 104 abstenciones. El PPE (169 a favor, 1 abstención), el S&D (126 a favor), Renew (68 a favor) y los Verdes/EFA (46 a favor, 2 abstenciones) lo respaldaron por una mayoría abrumadora; la mayoría proeuropea se mostró unánime.

PfE (73 en contra, 6 abstenciones) y ESN (25 en contra) votaron en contra. El ECR se abstuvo en su mayor parte: 58 de sus diputados se abstuvieron, 11 votaron en contra y 8 a favor. Por lo tanto, la extrema derecha no se opuso de forma unánime. The Left, es decir, la extrema izquierda, también se abstuvo en su mayoría: 31 abstenciones, 13 votos a favor y ninguno en contra.