La cooperación al desarrollo y las causas de la migración ilegal

El Pleno del Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre el informe de iniciativa de la Comisión de Desarrollo (DEVE). El informe aborda cómo reforzar la cooperación al desarrollo de la UE para contribuir a resolver los movimientos ilegales de población y sus causas en los países socios. El ponente fue Lukas Mandl (PPE). Votaron a favor 344 diputados, en contra 237 y 66 se abstuvieron. Anteriormente, el Pleno había rechazado una propuesta de resolución alternativa presentada por el Grupo ESN.

La resolución parte de la base de que la migración y la cooperación al desarrollo están interrelacionadas. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que, en sus políticas migratorias, sigan defendiendo la coherencia de las políticas en favor del desarrollo, respetando plenamente los derechos humanos. Según el texto, la ayuda al desarrollo debe dar prioridad a la erradicación de la pobreza, la reducción de las desigualdades y las inversiones a largo plazo en función de las necesidades de los países socios. Se trata de la educación y la formación profesional, los empleos dignos, la agricultura, el agua y las fuentes de energía renovables.

El texto exige la lucha contra el tráfico de personas y la trata de seres humanos en estrecha colaboración con los países socios. Al mismo tiempo, aboga por canales legales para una migración segura y la movilidad laboral. Señala que una protección estricta de las fronteras sin vías legales alternativas modifica las rutas migratorias. Los migrantes se convierten entonces con mayor frecuencia en víctimas de redes de tráfico de personas, chantaje y violencia. La resolución también recuerda que el número de cruces ilegales de las fronteras exteriores de la UE se redujo en un 26 % en 2025, hasta alcanzar casi los 178 000, y que la mayoría de los migrantes llegan a Europa por vías legales.

La resolución «critica duramente los drásticos recortes en la ayuda oficial al desarrollo llevados a cabo por los principales donantes mundiales». El texto no menciona por su nombre a qué donantes se refiere. Insta a la UE y a sus Estados miembros a que cumplan su compromiso de destinar el 0,7 % de la renta nacional bruta a la ayuda oficial al desarrollo.

S&D, Renew y Greens/EFA, es decir, tres de los cuatro grupos de la mayoría proeuropea, apoyaron la resolución. El S&D obtuvo 121 votos a favor y 5 abstenciones; Renew, 65 a favor, 1 en contra y 2 abstenciones; y Greens/EFA, los 48 votos a favor. Sus ponentes alternativos fueron Marco Tarquinio (S&D), Abir Al-Sahlani (Renew) y Erik Marquardt (Verdes/ALE).

El PPE votó de forma dividida, a pesar de que el informe lo había elaborado su ponente: 104 eurodiputados votaron a favor, 32 en contra y 21 se abstuvieron. Votaron en contra 22 diputados del PPE de Polonia, es decir, toda la delegación polaca con una única excepción, entre ellos los diputados de la Coalición Cívica (KO). También votaron en contra cuatro diputados de Francia, entre ellos los de Les Républicains, tres de Eslovenia y uno de cada uno de los siguientes países: Bulgaria, Dinamarca y Suecia. Se abstuvieron 18 eurodiputados del PPE de España —casi toda la delegación española—, entre ellos los de la Partido Popular (PP), y uno de Alemania, otro de Francia y otro de Eslovaquia.

Votaron en contra el PfE (los 76 diputados) y el ESN (los 24). El ECR no se mostró unánime: 48 de sus eurodiputados votaron en contra, 27 se abstuvieron y uno votó a favor. La extrema derecha rechazó, por tanto, la resolución, pero no como un bloque unificado. También votó en contra La Izquierda, la extrema izquierda (42 en contra, 2 abstenciones). En esta votación no se produjo ninguna colaboración entre el PPE y la extrema derecha: de los 344 votos a favor, 338 procedían de la mayoría proeuropea.