La represión política y la situación humanitaria en Cuba

La resolución puso fin al debate sobre la represión política y la situación humanitaria en Cuba, que tuvo lugar el 19 de mayo de 2026. Se presentaron siete propuestas de resolución; el S&D y los Verdes/EFA presentaron una conjunta. Se aprobó la propuesta del PPE; según el Observatorio Legislativo del PE, el texto definitivo fue presentado por el PPE, el ECR y Renew.

La resolución se aprobó por 283 votos a favor, 199 en contra y 85 abstenciones. Votaron a favor el EPP (140 a favor, 1 en contra) y Renew (57 a favor, 1 en contra, 3 abstenciones). El S&D (6 a favor, 98 en contra, 2 abstenciones) y los Verdes/EFA (41 en contra, 2 abstenciones) votaron en bloque en contra, por lo que la mayoría proeuropea se dividió. El ECR también votó a favor (62 a favor, 1 abstención), mientras que el PfE (58 de 64 votantes) y el ESN (18 de 24) se abstuvieron en su gran mayoría. Sin los votos del ECR, el PfE y el ESN —es decir, la extrema derecha—, la resolución se habría aprobado de todos modos, por 211 votos a favor y 197 en contra. La Izquierda, es decir, la extrema izquierda, votó unánimemente en contra (38 votos).

El texto aprobado «condena enérgicamente la represión sistemática que lleva a cabo el régimen cubano», entre otras cosas, la tortura, la violencia sexual, las amenazas de muerte y el encarcelamiento de menores. Según la organización no gubernamental Prisoners Defenders, a finales de mayo de 2026 había en Cuba un número récord de 1 281 presos políticos. Exige su liberación inmediata e incondicional, así como la imposición de sanciones, en virtud de la Ley Magnitsky de la Unión Europea, contra los responsables de la represión, empezando por los máximos dirigentes, incluido Miguel Díaz-Canel, y contra la dirección del conglomerado GAESA. También condena el apoyo material que el régimen cubano presta a la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, incluido el reclutamiento de ciudadanos cubanos.

Según el texto, el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la UE y Cuba no ha cumplido su objetivo. La resolución insta a la alta representante y a los Estados miembros a dejar claro que, si el régimen no toma medidas concretas en un plazo breve —entre otras cosas, la puesta en libertad de los casi 1 300 presos políticos—, la UE deberá suspender el acuerdo de inmediato. Según la resolución, la ayuda humanitaria debe dirigirse directamente a la población y a las empresas independientes, al margen del Estado cubano.

La controversia se centra en el punto G. El texto aprobado señala en él que la crisis humanitaria «no ha sido provocada por ningún embargo externo» y que es consecuencia directa del funcionamiento del propio régimen. Por el contrario, el S&D y los Verdes/EFA consideraron en el debate que Estados Unidos también tenía parte de responsabilidad en la crisis. Leire Pajín (S&D) relacionó el sufrimiento de los cubanos con el bloqueo estadounidense y las recientes sanciones, y afirmó: «Estados Unidos debe poner fin a toda presión sobre Cuba». Al mismo tiempo, señaló que el Gobierno cubano debe avanzar por fin en las reformas democráticas, y defendió el acuerdo con Cuba como una herramienta que «sirve para ejercer presión y lograr avances». Ana Miranda Paz, que intervino en nombre de los Verdes/EFA, señaló que la situación no puede evaluarse sin tener en cuenta el contexto de décadas de embargo estadounidense, y añadió: «Lo que está ocurriendo es un castigo colectivo por parte de Trump que asfixia a los cubanos». Ambas intervenciones se pronunciaron en español; las citas están traducidas.

El texto se refiere de manera objetiva a las sanciones estadounidenses contra los representantes del régimen y no critica a EE. UU.