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Normas para la protección de los pequeños inversores

2026-11-12

El Pleno del Parlamento Europeo rechazó el acuerdo provisional con el Consejo sobre las normas de protección de los pequeños inversores, con 286 votos a favor, 300 en contra y 23 abstenciones. El PPE y Renew apoyaron el acuerdo, mientras que el S&D y los Verdes/EFA votaron en contra, lo que dividió a la mayoría proeuropea en dos bandos. La mayoría de la PfE también votó a favor, mientras que el ECR votó de forma dividida. El reglamento complementario sobre los PRIIP, incluido en el mismo paquete, se aprobó ese mismo día.

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Se votó sobre el acuerdo provisional, es decir, sobre el texto que los negociadores del Parlamento y del Consejo acordaron en diciembre de 2025 y que aún requería la aprobación del pleno. Se refiere a las normas de protección de los inversores minoristas, en el marco de la denominada «Estrategia de inversión minorista» (Retail Investment Strategy). La Directiva modificaría cinco actos normativos vigentes en materia de inversiones, valores y seguros: Solvencia II, OICVM, AIFMD, MiFID II e IDD. La ponente fue Stéphanie Yon-Courtin (Renew), y los ponentes alternativos por el PPE, el S&D y los Verdes/EFA fueron Ralf Seekatz, Eero Heinäluoma y Vladimir Prebilič.

El grupo Renew presentó el acuerdo, en el momento de su celebración, como una vía para que más europeos invirtieran. Según este grupo, los influencers financieros debían asumir la responsabilidad de lo que recomiendan a la gente en Internet, debía crearse un sitio web de comparación de productos financieros y los inversores experimentados debían poder pasar a la categoría de inversores profesionales. Yon-Courtin señaló entonces que los influencers financieros en Internet se habían convertido en «asesores financieros 2.0».

A favor del acuerdo votaron 286 diputados, en contra 300 y 23 se abstuvieron, por lo que no se aprobó por 14 votos de diferencia. El PPE lo apoyó por mayoría: 123 a favor, 34 en contra y 1 abstención. Renew se mostró a favor por una mayoría abrumadora (63 a favor, 3 en contra y 1 abstención). En el bando contrario se situó el S&D, cuyos 116 diputados con derecho a voto se opusieron en su totalidad, y los Verdes/EFA, con 46 votos en contra y ninguno a favor.

La controversia atraviesa directamente a la mayoría proeuropea. Esta se dividió en dos grupos: uno que apoyó el compromiso negociado y otro que lo rechazó. El PPE y Renew, de cuyas filas procede la ponente, respaldaron el texto acordado con el Consejo; el S&D y los Verdes/EFA lo rechazaron de forma unánime. El S&D llevaba tiempo en desacuerdo con el compromiso. Ya en marzo de 2024, cuando la comisión ECON aprobó su compromiso, criticó que la propuesta de la ponente Yon-Courtin, a diferencia de la de la Comisión, no contemplara ninguna prohibición de los denominados «incentivos» (inducements), es decir, las comisiones que las empresas pagan a los intermediarios. El negociador del S&D, Eero Heinäluoma, declaró en abril de 2024: «Los europeos deberían tener la posibilidad de ahorrar para su propia jubilación, no para la de sus banqueros». Ambas declaraciones se refieren a una fase anterior de las negociaciones, no al acuerdo definitivo.

La PfE también se mostró mayoritariamente a favor del acuerdo (47 a favor, 14 en contra, 6 abstenciones), mientras que el ECR votó de forma dividida (45 a favor, 21 en contra, 4 abstenciones). El ESN se opuso (17 en contra, 6 abstenciones), por lo que la extrema derecha no votó en bloque. El grupo The Left (extrema izquierda) votó en contra con sus 37 votos. El PPE se situó, por tanto, del mismo lado que el ECR y el PfE, pero esta coalición resultó derrotada. Además del S&D y los Verdes/EFA, también se opusieron al acuerdo 34 diputados del PPE.

Ese mismo día, el Pleno aprobó el reglamento paralelo sobre los PRIIP, perteneciente al mismo paquete legislativo y con la misma ponente, Yon-Courtin, con 311 votos a favor, 261 en contra y 38 abstenciones. En este caso, la mayoría se configuró de otra manera: el reglamento contó con el apoyo del PPE y Renew, junto con el ECR y el PfE, y se aprobó gracias a los votos del ECR y el PfE (el ESN se abstuvo en su mayor parte). Se trata de dos actos jurídicos independientes y dos decisiones distintas del Pleno: el Pleno rechazó la directiva sobre la protección de los pequeños inversores y aprobó el Reglamento PRIIPs.

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