Tratamiento de aguas residuales y disponibilidad de medicamentos

La Directiva revisada sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas entró en vigor el 1 de enero de 2025. Obliga a las grandes plantas depuradoras a incorporar un tratamiento cuaternario, una etapa adicional que elimina los microcontaminantes del agua. Según la Comisión y el Centro Común de Investigación, la mayor parte de estos proviene de los medicamentos y los cosméticos. La obligación se aplicará de forma gradual entre diciembre de 2033 y diciembre de 2045 y, de acuerdo con el principio de «quien contamina paga», al menos el 80 % de los costes deberán ser sufragados por la industria farmacéutica y cosmética (la denominada «responsabilidad ampliada del productor»). Sin embargo, Alemania y España han estimado unos costes varias veces superiores a los de la Comisión.

La resolución insta a la Comisión a que, antes de finales de 2026, elabore una nueva evaluación de impacto que verifique los costes, el reparto de responsabilidades entre los sectores y el impacto en la disponibilidad de medicamentos, y que, antes de finales de julio de 2026, informe a los Estados miembros sobre la flexibilidad que ofrece la Directiva. En el apartado 9, solicita la suspensión temporal («stop the clock») de las disposiciones relativas a la responsabilidad ampliada del fabricante, las obligaciones de tratamiento cuaternario y los compromisos financieros conexos, hasta que se haya completado el estudio y la Comisión haya evaluado sus conclusiones. No solicita la derogación de la Directiva: en el apartado 1 reitera su firme apoyo a su aplicación «de conformidad con los plazos establecidos» y califica la responsabilidad ampliada del productor como el instrumento más eficaz del principio de «quien contamina paga».

El impulso partió de una pregunta oral formulada a la Comisión por Oliver Schenk, Peter Liese y Tomislav Sokol, en nombre del PPE. A ella le siguieron nueve propuestas de resolución presentadas por ocho grupos políticos. La votación se basó en una propuesta conjunta firmada por Vlad Vasile-Voiculescu (Renew), Alessandra Moretti (S&D), Jutta Paulus (Verdes/EFA) y Per Clausen (La Izquierda); el PPE no figuraba entre los firmantes. En primer lugar, se votaron diez enmiendas; nueve de ellas fueron aprobadas con los votos del PPE, el ECR, PfE y el ESN. Estas enmiendas orientaron el texto hacia una solicitud de aplazamiento de las obligaciones.

A continuación, la resolución en su conjunto se aprobó por 294 votos a favor, 245 en contra y 28 abstenciones. Votaron a favor el PPE (135 a favor, 1 en contra y 4 abstenciones), junto con el ECR (54 a favor), el PfE (51 a favor) y el ESN (19 a favor). Sin los votos de ECR, PfE y ESN, el resultado habría sido de 170 votos a favor frente a 231 en contra, por lo que la resolución se aprobó gracias a los votos de la extrema derecha. Tres de los cuatro grupos de la mayoría proeuropea votaron en contra del texto, cuya versión inicial habían firmado ellos mismos: el S&D (5 a favor, 100 en contra), los Verdes/EFA por unanimidad (43 en contra) y, en su mayoría, Renew (13 a favor, 45 en contra y 3 abstenciones). También votó por unanimidad en contra La Izquierda (38 votos), es decir, la extrema izquierda.

La división ya se hizo patente en el debate del 25 de marzo de 2026. Peter Liese (PPE) propuso: «Démonos primero un respiro, una prórroga de un año». Alessandra Moretti (S&D) lamentó que los populares, ante un tema tan importante y delicado, «hayan decidido volver a aliarse con los partidos de extrema derecha». Jutta Paulus (Verdes/EFA) reprochó a los defensores del aplazamiento que, en lugar de aplicar el principio de «quien contamina paga», se pusieran «del lado de la industria farmacéutica y cosmética». Vlad Vasile-Voiculescu (Renew) subrayó que solo se puede lograr una política sostenible y justa mediante «un equilibrio […] entre la protección del medio ambiente y el acceso a los medicamentos». Las citas se han traducido del alemán, el italiano y el rumano.