La posición de los agricultores en la cadena alimentaria

Se modifican tres reglamentos en los que se basa la política agrícola común de la UE, con el fin de que los agricultores tengan una posición más sólida frente a los compradores. Se trata del Reglamento sobre la organización común de los mercados de productos agrícolas y de dos reglamentos sobre los planes estratégicos y la financiación de la Política Agrícola Común. La Comisión Europea presentó la propuesta en 2024. La ponente del Parlamento Europeo fue Céline Imart (PPE).

Se votó sobre el acuerdo preliminar que los negociadores del Parlamento y del Consejo alcanzaron el 5 de marzo de 2026 en el denominado «trílogo», es decir, en la ronda final de negociaciones entre ambas instituciones. El acuerdo fue aprobado en primer lugar por la Comisión de Agricultura (AGRI). A continuación, el Pleno lo sometió a votación en su conjunto, mediante una única votación nominal y sin debate. El Consejo se comprometió, mediante carta de 23 de marzo de 2026, a aprobar la posición del Parlamento. Así lo hizo el 29 de junio de 2026 y las nuevas normas se publicaron el 29 de julio de 2026 en el Diario Oficial de la UE como Reglamento (UE) 2026/1739.

El núcleo del acuerdo lo constituyen los contratos por escrito. Según el texto aprobado, la obligación de celebrarlos no se limita únicamente a la leche, sino que se extiende también a otros sectores agrícolas. Los Estados miembros pueden conceder excepciones, por ejemplo, cuando el primer comprador sea una microempresa o una pequeña empresa, cuando el pago se efectúe en el momento de la entrega o, a más tardar, en un plazo de tres días laborables, o en el caso de productos en los que ya existan otros mecanismos de transmisión de precios. Ya la propuesta de la Comisión preveía que los contratos de más de seis meses de duración incluyeran una cláusula de revisión, gracias a la cual el agricultor o la organización de productores pueda solicitar un reajuste del precio.

El acuerdo no establece un precio mínimo fijo. Hace hincapié en que los agricultores reciban el precio que ellos mismos consideren justo y adecuado, y en que el cálculo del precio final en el contrato sea transparente y previsible. Para los litigios derivados de los contratos, los Estados miembros deben garantizar la mediación o un mecanismo equivalente, incluso en forma de mecanismos ya existentes. También se refuerza el papel de las organizaciones de productores. Las denominaciones «carne de vacuno», «chuleta» o «tocino» siguen estando reservadas a los productos que contengan realmente carne de los animales especificados.

El acuerdo recibió el apoyo de 560 diputados, 75 votaron en contra y 25 se abstuvieron. A favor votaron por abrumadora mayoría el PPE (161 a favor, 2 en contra y 5 abstenciones) y el S&D (119 a favor, 8 en contra y 4 abstenciones). Renew apoyó el acuerdo por mayoría: 52 diputados votaron a favor, 7 en contra y 9 se abstuvieron. La abstención no se considera un voto en contra. Los Verdes/EFA votaron en abrumadora mayoría en contra (47 en contra, 1 abstención, ninguno a favor). Los cuatro grupos contaban con un ponente alternativo durante las negociaciones: Cristina Maestre por el S&D, Barry Cowen por Renew y Anna Strolenberg por los Verdes/EFA. Así, tres de los cuatro grupos de la mayoría proeuropea se situaron en un bando y los Verdes/EFA en el otro.

El PPE votó junto con el ECR, el PfE y el ESN, es decir, con la extrema derecha. El ECR (75 a favor) y el PfE (78 a favor) apoyaron el acuerdo de forma unánime, mientras que el ESN lo hizo por mayoría (20 a favor, 2 abstenciones). Sus votos no fueron decisivos para el resultado: incluso sin ellos, el acuerdo habría obtenido 387 votos a favor frente a 75 en contra. La Izquierda, es decir, la extrema izquierda, votó mayoritariamente a favor (31 a favor, 8 en contra y 2 abstenciones).