Protección civil de la UE y preparación sanitaria

El mecanismo de protección civil de la Unión es un marco europeo común para la respuesta ante catástrofes naturales, accidentes industriales y otras crisis; forma parte de él también las capacidades de rescEU. La Comisión ha propuesto su configuración para el período presupuestario 2028-2034 y lo ha vinculado al apoyo de la Unión a la preparación y la respuesta ante emergencias sanitarias.

No se trataba de una aprobación definitiva. Los eurodiputados votaron un conjunto de 332 enmiendas a la propuesta de la Comisión, es decir, la posición del Parlamento, y, acto seguido, decidieron por votación a mano alzada devolver el expediente a las comisiones. Estas iniciarán con dicha posición las negociaciones con el Consejo, el denominado «trílogo». El texto definitivo del reglamento se derivará de este diálogo.

El cambio más significativo con respecto a la propuesta de la Comisión se refiere a la financiación. La Comisión había previsto un presupuesto indicativo de 10 675 millones de euros, mientras que el Parlamento solicita 12 416 millones de euros a precios corrientes, es decir, 11 000 millones de euros a precios de 2025. Al mismo tiempo, quiere distribuir el presupuesto de la siguiente manera: un 40 % para la prevención, la preparación y la protección civil, incluido rescEU; un 40 % para la prevención, la preparación y la respuesta ante emergencias sanitarias; y reservar el 20 % restante como partida flexible para cualquiera de ambos objetivos. Añade, además, un seguimiento y una auditoría más estrictos de los gastos, en los que deben participar la Comisión, el Tribunal de Cuentas Europeo, la OLAF y la Fiscalía Europea, así como normas para evitar que una misma actividad sea financiada simultáneamente por varios programas de la UE.

Además, el Parlamento amplía el alcance del mecanismo para abarcar todos los riesgos (all-hazards), incluyendo expresamente las amenazas sanitarias transfronterizas graves, y añade la capacidad de recuperación a la prevención, la preparación y la respuesta. Un nuevo artículo obliga a la Comisión y a los Estados miembros a integrar en la planificación de la protección civil los riesgos climáticos y las proyecciones, incluidas las capacidades de rescEU y los sistemas de alerta temprana. El centro de coordinación propuesto se denominará «Union Crisis Support Hub» y las autoridades regionales y locales también podrán contribuir de forma voluntaria al mecanismo.

La propuesta fue debatida conjuntamente por dos comisiones, la de Medio Ambiente (ENVI) y la de Salud Pública (SANT), por lo que contó con dos ponentes: Leire Pajín (S&D, España) por parte de ENVI y Aurelijus Veryga (ECR, Lituania) por parte de SANT. El Grupo S&D acogió con satisfacción la votación en su comunicado de prensa. Su ponente alternativo, Christophe Clergeau, lo calificó de paso importante para crear una cultura de preparación, mientras que la ponente Pajín subrayó que Europa debe anticipar los riesgos y saber proteger a las personas cuando se produce una catástrofe.

La posición recibió el apoyo de 424 diputados, 105 votaron en contra y 83 se abstuvieron. Votaron a favor el PPE (160 a favor, 1 en contra), el S&D (116), Renew (69) y los Verdes/EFA (42), es decir, toda la mayoría proeuropea; en los tres últimos grupos, nadie votó en contra ni se abstuvo. La Izquierda votó mayoritariamente a favor (16 a favor, 2 en contra), mientras que 20 de sus diputados se abstuvieron.

Votaron en contra el PfE (44 en contra, 25 abstenciones) y el ESN (22 en contra). El ECR votó de forma dividida: 14 a favor, 26 en contra y 30 abstenciones, a pesar de que entre sus filas se encuentra el coponente Veryga. Por lo tanto, la extrema derecha no se opuso como un bloque unido. Recordamos que la abstención no equivale a un voto en contra.