Armonización de los antiguos reglamentos sobre la gestión económica de la UE con la reforma de 2024

El Parlamento Europeo ha votado tres actos jurídicos que forman un único paquete: cuentan con los mismos ponentes, Markus Ferber (PPE) y Carla Tavares (S&D), así como con los mismos ponentes alternativos. Los tres modifican reglamentos anteriores para adaptarlos a la reforma del marco de gobernanza económica de la UE, que entrará en vigor el 30 de abril de 2024. Las nuevas normas fiscales no introducen nada nuevo, sino que se trata de una armonización y simplificación.

En una votación indicativa (450 a favor, 135 en contra y 75 abstenciones), el Parlamento aprobó el acuerdo preliminar con el Consejo sobre la modificación de dos reglamentos relativos a la supervisión presupuestaria en la zona del euro: el relativo a su ejecución (n.º 1173/2011) y sobre las propuestas de planes presupuestarios (n.º 473/2013). Se derogan las disposiciones que la reforma de 2024 había dejado obsoletas, y las sanciones se armonizan con el sistema gradual del Pacto de Estabilidad y Crecimiento reformado. En lugar de los programas de estabilidad y convergencia, los textos harán referencia a los planes fiscales y estructurales a medio plazo. También desaparecerán los denominados «programas de asociación económica» y parte de las obligaciones de presentación de informes sin valor añadido.

La segunda votación (458 a favor, 138 en contra y 61 abstenciones) modifica el Reglamento n.º 472/2013 sobre la supervisión reforzada de los Estados de la zona del euro que tienen graves dificultades de estabilidad financiera o que corren el riesgo de tenerlas. La supervisión reforzada se activará automáticamente, a partir de ahora, únicamente cuando un Estado reciba ayuda condicionada a nuevas medidas políticas, independientemente de quién la proporcione. La supervisión tras la finalización del programa se centrará en la capacidad de pago y en las reformas que no estén contempladas en el plan nacional a medio plazo; su intensidad se graduará en función del riesgo.

La tercera votación (462 a favor, 121 en contra, 75 abstenciones) se refiere al instrumento mediante el cual la UE concede préstamos a los Estados miembros no pertenecientes a la zona del euro que atraviesan dificultades en su balanza de pagos (Reglamento del Consejo n.º 332/2002). El Parlamento no tiene poder de codecisión en este ámbito, sino que se limita a dar su aprobación. Hasta ahora, cada empréstito de la UE en el mercado estaba vinculado a un pago concreto. A partir de ahora, la UE emitirá bonos independientemente de los desembolsos y mantendrá el dinero en un fondo común de liquidez, para poder pagar rápidamente independientemente de la situación del mercado.

La mayoría proeuropea votó de forma unánime en los tres actos: el PPE, el S&D, Renew y los Verdes/EFA votaron a favor, casi sin votos en contra. Sin embargo, en el caso del S&D, entre 28 y 30 diputados se abstuvieron en cada ocasión; en la votación de referencia, hubo 95 votos a favor y 30 abstenciones. No disponemos de declaraciones verificadas del PPE, Renew ni de los Verdes/ALE sobre esta votación, por lo que su posición queda reflejada en el resultado de la votación. La coponente Carla Tavares (S&D) declaró el 5 de octubre de 2026 en la página web de su grupo: «Los progresistas demuestran que la justicia social puede ir de la mano de unas finanzas públicas saneadas». Según ella, el S&D insiste en que un enfoque fiscal fiable sitúa en el centro la resiliencia social y económica.

Los grupos ajenos a la mayoría proeuropea se mostraron divididos. El ECR apoyó los tres actos con la mayoría de sus votos (a favor : en contra 68 : 9, 64 : 13 y 60 : 14), mientras que el PfE (7 a 65, 6 a 64, 7 a 65) y el ESN (0 a 23, 0 a 24, 0 a 24) votaron en contra en todas las ocasiones. The Left votó en contra en los dos primeros actos (0 a 24 y 1 a 22), mientras que en el tercero la mayoría de sus diputados se abstuvo. Los votos del ECR no fueron decisivos para el resultado: los tres actos se habrían aprobado incluso sin ellos.