Auditoría de la gestión del Banco Europeo de Inversiones

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) financia proyectos tanto en los Estados miembros como fuera de la UE. La Comisión de Control Presupuestario (CONT) evalúa cada año la gestión de los fondos; este informe no legislativo se refiere al año 2024. El ponente fue Dick Erixon (ECR).

La resolución señala que los pagos del BEI con más de 90 días de retraso se han triplicado con creces, pasando de 82,4 millones de euros en 2023 a 281,3 millones de euros a finales de 2024. La financiación destinada a seguridad y defensa aumentó entre 2023 y 2024 de 0,5 a 1,04 mil millones de euros, y la Iniciativa Estratégica Europea de Seguridad del BEI, dotada con 8 mil millones de euros, se convertirá en un objetivo permanente del banco. Las operaciones con recursos propios del BEI, que representan más de tres cuartas partes del total, quedan, según el texto, en gran medida al margen de una auditoría externa sistemática, por lo que la resolución solicita un papel más destacado del Tribunal de Cuentas Europeo. Como ejemplo de riesgo, cita la quiebra de la empresa Northvolt (préstamo de más de 942,6 millones de euros). En cuanto a los préstamos fuera de la UE, exige garantías de transparencia, derechos humanos y Estado de Derecho; además, en el punto 30, se pide que se tenga en cuenta la cooperación en los acuerdos de retorno de migrantes.

La resolución se aprobó por 377 votos a favor, 254 en contra y 31 abstenciones. El PPE votó junto con el ECR y el PfE, y Renew también apoyó el informe. El PPE votó casi al unísono a favor (163:1:4 —a favor, en contra, abstenciones—), y Renew, en su totalidad (71:0:0). De la extrema derecha, el ECR votó a favor (71:2:3) y la mayoría de PfE (59:6:12), mientras que el ESN se mostró mayoritariamente en contra (1:24:2). Se opusieron el S&D (5:121:0) y los Verdes/EFA (2:41:3), así como la extrema izquierda, The Left (1:42:0). Los votos de la extrema derecha no fueron decisivos para el resultado: sin el ECR, el PfE y el ESN, la proporción habría sido de 246:222 y la resolución se habría aprobado de todos modos.

La mayoría proeuropea se dividió, por tanto: el PPE y Renew a favor, el S&D y los Verdes/EFA en contra. La votación parcial más reñida fue la relativa al punto 30, relacionada con los acuerdos de retorno: la enmienda no se aprobó por 256 votos a favor, 380 en contra y 17 abstenciones, y el punto se mantuvo en el texto. La enmienda 24, destinada a añadir un texto al punto 37, en la sección sobre las actividades del BEI fuera de la UE, fue rechazada por 156 votos a favor, 405 en contra y 58 abstenciones. No disponemos del texto de las enmiendas, por lo que no indicamos qué modificaban exactamente.

En el debate, el ponente alternativo del PPE, Dirk Gotink, señaló que en el informe se hablaba mucho de la migración e instó a sus colegas de la izquierda de la Cámara a no convertir este tema en una cuestión divisoria. La ponente en la sombra del S&D, Carla Tavares, objetó que el informe subestima el papel del BEI como motor de un desarrollo equilibrado y pasa por alto las prioridades sociales y territoriales. Heléne Fritzon (S&D) reprochó al ponente y a su partido, los Demócratas Suecos, su intento de incluir en el texto el mayor número posible de críticas a Northvolt y a otras inversiones ecológicas en Suecia, y calificó esta actitud de «guerra cultural». Billy Kelleher (Renew) calificó de comprensible la ampliación de la financiación de la defensa, pero advirtió que no se deben olvidar otras prioridades a largo plazo. Virginijus Sinkevičius (Verdes/EFA) pidió que se mida el impacto real de las inversiones, y no solo su volumen. No hemos encontrado ninguna declaración propia de Greens/EFA ni de otros grupos sobre la votación. Las intervenciones de Tavares, Fritzon y Sinkevičius se recogen a continuación en una paráfrasis del original.

El mismo día, los diputados rechazaron por 231 votos contra 389 el informe de la misma comisión sobre la protección de los intereses financieros de la UE, elaborado por Julien Sánchez (PfE).