La lucha contra el fraude en el IVA y la protección del presupuesto de la UE

La resolución fue elaborada por iniciativa propia de la Comisión de Control Presupuestario (CONT), y el ponente fue Ondřej Knotek (PfE). Se trata de un texto no legislativo: por sí solo no introduce cambios, sino que formula exigencias dirigidas principalmente a la Comisión y a los Estados miembros. Entre otras cosas, insta a la Comisión a que complemente la revisión de la arquitectura europea de lucha contra el fraude con un paquete legislativo concreto.

Según la resolución, el IVA es una fuente de ingresos esencial también para la Unión: en 2024 aportó al presupuesto de la UE aproximadamente el 15 %, es decir, 23 000 millones de euros. El texto cita una estimación de la pérdida de ingresos por IVA en toda la UE de 128 000 millones de euros; solo las estafas de «carrusel» le cuestan a la UE, según las estimaciones, entre 12 500 y 32 800 millones de euros al año. En ellas, el denominado «comerciante fantasma» recauda el IVA y desaparece antes de ingresarlo.

La resolución insta a la Unión y a los Estados miembros a una cooperación más estrecha entre las autoridades administrativas, la justicia y la policía, así como a un sistema multilateral que alerte a tiempo sobre los fraudes en cadena. Insta a la Comisión a que reduzca el umbral de 10 millones de euros establecido en la Directiva sobre la protección de los intereses financieros (PIF). Acoge con satisfacción el acuerdo general alcanzado en mayo de 2026 sobre el acceso directo de las autoridades de la Fiscalía Europea (EPPO) y de la OLAF al sistema de intercambio de información sobre el IVA (VIES). Constata con preocupación que la OLAF es responsable de menos del 1 % de las denuncias que recibe la Fiscalía Europea (EPPO). Según la resolución, la legislación prevista debe garantizar que el trabajo de ambas oficinas se complemente realmente.

Además, insta a la Comisión a establecer normas según las cuales el dinero y los bienes incautados tras las investigaciones de la EPPO se devuelvan, al menos en parte, al presupuesto europeo. En la actualidad, dichos fondos revierten en el erario público del Estado en cuestión. Asimismo, insta a la Comisión a realizar una evaluación preventiva del riesgo de fraudes en cadena en la segunda fase del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (ETS2). Recuerda que el RCDE de la UE original fue, entre 2008 y 2009, un instrumento de fraude con pérdidas estimadas en unos 5 000 millones de euros.

La resolución se aprobó por 357 votos a favor, 274 en contra y 31 abstenciones, gracias a los votos del ECR y del PfE. El PPE votó a favor (164 a favor, 0 en contra, 4 abstenciones), al igual que el ECR (76 a favor) y el PfE (80 a favor). El S&D (7 a favor, 123 en contra), Renew (5 a favor, 64 en contra, 4 abstenciones) y los Verdes/EFA (2 a favor, 46 en contra) votaron en abrumadora mayoría en contra. La mayoría proeuropea se dividió, por tanto: el PPE se opuso a los otros tres grupos. Sin los 156 votos del ECR y del PfE, el resultado habría sido de 201 a favor y 274 en contra, y la resolución no habría sido aprobada. El ESN se abstuvo en su mayor parte (16 diputados, 4 a favor y 1 en contra). La Izquierda votó en contra (1 a favor, 36 en contra y 4 abstenciones).