Vivienda en la UE: Los Verdes rechazaron el primer informe del Parlamento, mientras que el resto de los demócratas lo respaldaron

El Parlamento Europeo votó el 10 de marzo de 2026 el informe A10-0025/2026, elaborado por la comisión especial sobre la crisis de la vivienda en la UE (HOUS), bajo la dirección del ponente Borja Giménez Larraz (PPE). Se trata del primer informe plenario del Parlamento dedicado a la vivienda. La resolución se aprobó por 367 votos a favor, 166 en contra y 84 abstenciones, con una participación de aproximadamente el 86 % de los diputados.

La votación dividió al bloque democrático de una forma inusual. El PPE, los Socialistas y Demócratas (S&D) y Renew Europe apoyaron el informe con una amplia mayoría de sus votos. Los Verdes/EFA fueron el único de los cuatro grupos democráticos que la rechazaron: ninguno de sus diputados votó a favor, la mayoría votó en contra y una parte se abstuvo. El ECR también se sumó al grupo que apoyó el informe. Votaron en contra, asimismo, PfE, ESN y La Izquierda —aunque estos tres grupos democráticos contaban por sí solos con suficientes votos para aprobarlo, independientemente de cómo votara la extrema derecha—.

El informe propone un conjunto de medidas para fomentar la construcción: la simplificación de los trámites de concesión de licencias con el objetivo de tramitar las licencias de obra en un plazo de 60 días, desgravaciones fiscales para los hogares con rentas bajas y medias y para quienes compran su primera vivienda, y el refuerzo de la autosuficiencia industrial europea en el sector de la construcción mediante requisitos del tipo «Made in EU» para los componentes de construcción.

Al mismo tiempo, el texto reclama una «proporción adecuada» de vivienda pública y social, así como una protección, formulada en términos generales, de los inquilinos frente al aumento desmesurado de los alquileres, sin establecer límites máximos concretos para los mismos. En cuanto a los alquileres a corto plazo del tipo Airbnb, la resolución aboga por un equilibrio entre el turismo y la accesibilidad a la vivienda, y no por su prohibición. La resolución también condena enérgicamente la ocupación ilegal y exige una protección más estricta de los propietarios; precisamente este punto, junto con la ausencia de límites máximos de alquiler y la falta de ambición en materia de alquileres a corto plazo, fue señalado por los Verdes/EFA en su declaración como la razón principal de su desacuerdo.

El ponente, Borja Giménez Larraz (PPE), justificó la votación afirmando que «los jóvenes y las familias sufren porque en Europa faltan viviendas», y pidió que se concedan las licencias de obra con mayor rapidez. El ponente alternativo, Aodhán Ó Ríordáin (S&D), calificó el resultado como «fruto de duras negociaciones que, como todo compromiso, no es perfecto». Según un comunicado de prensa del grupo Renew Europe, Brigitte van den Berg fue la encargada de las negociaciones en nombre de dicho grupo y afirmó que cree «en una Europa en la que la vivienda sea un derecho, no un privilegio»; sin embargo, su papel formal en las negociaciones no aparece confirmado en la documentación del Parlamento. Por el contrario, la ponente alternativa de Los Verdes/EFA, Maria Ohisalo, criticó el informe calificándolo de «un informe impulsado por el PPE que sirve para prometer más apoyo a los propietarios codiciosos», añadiendo que «los pisos se están convirtiendo en alojamientos de Airbnb y se está desalojando a los vecinos». La ponente en la sombra por La Izquierda fue Leila Chaibi.

La participación fue elevada y equilibrada en todos los grupos democráticos, siendo solo ligeramente inferior en el caso de PfE, de extrema derecha.