Aplicación del Derecho de la UE en el período 2023-2025

La resolución se basa en el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (JURI), elaborado por el ponente Dainius Žalimas, del grupo Renew. En él, la comisión evalúa cómo la Comisión Europea y los Estados miembros aplican y hacen cumplir el Derecho de la Unión. El principal instrumento de la Comisión es el procedimiento por incumplimiento, que puede llegar hasta el Tribunal de Justicia de la UE.

La resolución lamenta que la Comisión no haya publicado el informe anual sobre la aplicación del Derecho de la UE correspondiente al año 2024. Con ello, ha interrumpido una práctica que venía manteniendo desde 1983.

La resolución también recoge cifras concretas. El número de procedimientos por incumplimiento concluidos descendió de 1 030 en 2023 a 535 en 2024. Los casos abiertos durante el mismo período aumentaron de 1 461 a 1 493, y los nuevos, de 528 a 567. Según datos preliminares, entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2025 se cerraron 345 procedimientos y había 1 559 activos. En los tres años, la mayoría de los procedimientos activos se referían al medio ambiente.

De acuerdo con la resolución, la Comisión debe publicar criterios transparentes y objetivos según los cuales selecciona los casos para su tramitación. Debe iniciar procedimientos de forma sistemática incluso cuando un Estado miembro incumpla una sentencia del Tribunal de Justicia, incluidas las propuestas de importes a tanto alzado o multas coercitivas. La resolución expresa una profunda preocupación por el hecho de que la Comisión se muestre reacia a acudir a los tribunales incluso en caso de infracciones claras y persistentes. Insta a los Estados miembros a que respeten los plazos para la transposición de las directivas al Derecho nacional; según el Cuadro de Indicadores del Mercado Único (Single Market Scoreboard), el retraso medio en las directivas del mercado único es de 11,9 meses. También expresa un firme apoyo al mecanismo de condicionalidad vinculado al Estado de Derecho y su preocupación por el hecho de que los tribunales constitucionales y supremos de algunos Estados miembros socaven la primacía del Derecho de la Unión.

La resolución recibió 416 votos a favor, 190 en contra y 15 abstenciones. Los cuatro grupos de la mayoría proeuropea la respaldaron de forma casi unánime: el PPE, con 150 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones; el S&D, los 118 a favor; Renew, 59 a favor y 1 abstención; y los Verdes/EFA, los 45 a favor. El debate del 28 de abril de 2026 refleja sus principales argumentos.

El ponente, Dainius Žalimas (Renew), señaló al presentar el informe: «El Derecho europeo es tan fuerte como lo es su aplicación». El ponente alternativo Lukas Mandl (EPP) señaló que «a nivel de los Estados miembros y en otros ámbitos, el Derecho de la Unión se aplica a veces de forma aún más complicada de lo que realmente se establece a nivel europeo». El ponente alternativo Eric Sargiacomo (S&D) instó a la Comisión a no sacrificar «la exigencia democrática en aras de una desregulación imprudente cuyo objetivo es el beneficio a corto plazo». La ponente en la sombra Tineke Strik (Verdes/EFA) fue la que se dirigió con mayor dureza a la Comisión: «Comisarios, ustedes son los guardianes de los Tratados, por lo que les insto: no se limiten a mediar, sino que también denuncien y pongan fin a la impunidad». Las declaraciones se han traducido a partir de la transcripción literal del debate.

La extrema izquierda, The Left, votó mayoritariamente a favor: 41 a favor, 1 en contra y 1 abstención. La extrema derecha se opuso: ECR, 69 votos en contra y 5 abstenciones; PfE, 73 en contra y 2 abstenciones; ESN, 25 en contra y 1 abstención. Ningún miembro de estos tres grupos votó a favor. El PPE y la extrema derecha no participaron en esta votación.